Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) no constituye una ley, tampoco generan nuevas obligaciones para el Estado, más bien son punto de partida para vincularlos con las normas nacionales, acuerdos y tratados internacionales ratificados por el Estado Guatemala para la adecuada protección, garantía y restitución de los derechos de las personas frente a las actividades empresariales.
Las empresas deben reparar el daño causado a las comunidades y a sus recursos naturales
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